Con el objetivo de combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, una nueva ley aprobada por el Parlamento Europeo obliga a las empresas a garantizar que sus productos no tienen origen en procesos de deforestación. Aunque no se vetará a ningún país ni materia prima, las empresas solo podrán vender productos en la UE si el proveedor de los mismos ha emitido una declaración de “diligencia debida”. Esta deberá certificar que el producto no procede de tierras deforestadas ni ha provocado degradación forestal, tampoco de bosques primarios irremplazables, después del 31 de diciembre de 2020.
Tal y como solicitó la Eurocámara, las empresas también tendrán que demostrar que estos productos cumplen la legislación correspondiente del país productor, incluida la relativa a los derechos humanos, y que se han respetado los derechos de los pueblos indígenas afectados.
Productos incluidos en la ley
Los productos que cubre la nueva legislación son: el ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja y la madera, así como los productos que contengan, se hayan alimentado de o se hayan fabricado con estas materias primas (como el cuero, el chocolate y los muebles), tal y como figuraban en la propuesta original de la Comisión. Durante las negociaciones, el Parlamento consiguió añadir el caucho, el carbón vegetal, los productos de papel impreso y una serie de derivados del aceite de palma.
El Parlamento también consiguió incluir una definición más amplia de degradación forestal que incluye la conversión de bosques primarios, o bosques de regeneración natural, en plantaciones forestales o en otras superficies boscosas.
Controles a los países en función del riesgo
La Comisión clasificará los países, o partes de ellos, como de bajo, medio o alto riesgo mediante una evaluación objetiva y transparente en un plazo de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor del reglamento. Los productos procedentes de países de bajo riesgo estarán sujetos a un procedimiento simplificado de diligencia debida. La proporción de controles que se realizarán a los operadores dependerá del nivel de riesgo del país: 9% para los países de alto riesgo, 3% para los de riesgo medio y 1% para los de bajo riesgo.
Las autoridades competentes de la UE tendrán acceso a la información pertinente facilitada por las empresas, como las coordenadas de geolocalización, y realizarán controles con ayuda de herramientas de seguimiento por satélite y análisis de ADN para comprobar de dónde proceden los productos.
Las sanciones por incumplimiento deberán ser proporcionadas y disuasorias, y la multa máxima deberá ser de al menos el 4% del volumen de negocios anual total en la UE del operador o comerciante infractor.
A la salida de la votación, Christophe Hansen (PPE, Luxemburgo), ponente del texto legal, declaró que “los estantes de nuestros supermercados se llenaban muy a menudo con productos cubiertos por las cenizas de las selvas tropicales calcinadas y los ecosistemas irreversiblemente destruidos, que además habían acabado con los medios de subsistencia de las poblaciones indígenas". Según explicó, "esto sucedía en demasiadas ocasiones sin que los consumidores fueran conscientes”.
“Me tranquiliza saber que los consumidores europeos ya no serán cómplices involuntarios de la deforestación cuando se coman una chocolatina o disfruten de un merecido café", aseveró. En su opinión, la nueva ley "no sólo es clave en nuestra lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, sino que también debería sacarnos del punto muerto que nos impide estrechar las relaciones comerciales con países que comparten nuestros valores y objetivos medioambientales”.
Motivación de la nueva norma
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que 420 millones de hectáreas de bosques, una superficie mayor que la de la UE, pasaron a utilizarse para fines agrícolas entre 1990 y 2020. El consumo de la UE representa alrededor del 10% de esta deforestación mundial, al tiempo que el aceite de palma y la soja constituyen más de dos tercios de esta cifra.
En este sentido, en octubre de 2020 el Parlamento recurrió a la prerrogativa que le confiere el Tratado para pedir a la Comisión que presentara legislación para frenar la deforestación mundial impulsada por la UE, y el acuerdo con los países de la UE para impulsar esta nueva ley se alcanzó el 6 de diciembre de 2022.