Pasar al contenido principal
Fija las obligaciones y sanciones

El Europarlamento aprueba su posición para integrar la debida diligencia en la gobernanza de las empresas

El Parlamento Europeo ha adoptado su posición definitiva, de cara a las negociaciones con los Estados miembros, sobre la integración de los derechos humanos y el impacto ambiental como parte de la gobernanza de las empresas en la normativa de debida diligencia.

La ley obligará a integrar protección de los derechos humanos y el medioambiente en la gobernanza de las empresas.
La ley obligará a integrar protección de los derechos humanos y el medioambiente en la gobernanza de las empresas.

El Parlamento adoptó este jueves su posición negociadora definitiva respecto a las normas que deberán integrar los derechos humanos y el impacto ambiental en la gobernanza de las empresas. A éstas se les exigirá que identifiquen y, cuando sea necesario, prevengan, pongan fin o mitiguen el impacto negativo de su propia actividad y la de sus socios de la cadena de valor, entre los que se incluye no solo a los proveedores directos, sino también a áreas como la venta, la distribución, el transporte, el almacenamiento o la gestión de residuos.

Las nuevas normas se aplicarán a las compañías con sede en la UE con más de 250 empleados y una facturación mundial superior a los 40 millones de euros. Se incluyen también compañías matrices con más de 500 empleados y una facturación mundial de más de 150 millones de euros; así como las empresas no comunitarias con un volumen de negocios superior a 150 millones de euros, si generaron un volumen de facturación de al menos 40 millones de euros en la UE.

Asimismo, las empresas tendrán que implementar un plan de transición para limitar el calentamiento global a 1,5° y, en el caso de las grandes empresas con más de 1.000 empleados, el cumplimiento de los objetivos del plan tendrá un impacto en la remuneración variable de los consejeros.

Las nuevas reglas también requieren que las empresas se comprometan a introducir un mecanismo de quejas y una monitorización periódica de la eficacia de su política de debida diligencia. La información de dicha política debe ser fácilmente accesible a los inversores y estar disponible en el Punto de Acceso Único Europeo (PAAS).

Sanciones y mecanismo de supervisión

Las empresas que no cumplan con estas normas podrán ser sancionadas por las autoridades nacionales de supervisión. Las sanciones incluyen medidas como la retirada de productos del mercado o multas de al menos el 5% de la facturación mundial neta. En cuanto a las compañías de fuera de la UE incumplidoras, quedarán excluidas de la contratación pública en la UE.

Según el texto adoptado, estas nuevas obligaciones se aplicarán en un periodo de 3 o 4 años, dependiendo del tamaño de la compañía. Las más pequeñas podrán retrasar la aplicación un año más.

Esta nueva normativa supone un importante paso para que las empresas no se limiten solamente a reportar el impacto de su actividad sobre el medioambiente y los derechos humanos, sino a integrar en su propia gobernanza las medidas necesarias para erradicarlos.

Por su parte, la Plataforma por las Empresas Responsables da la bienvenida al texto aprobado por el Europarlamento, aunque en palabras de su coordinadora, Amaya Acero, “no ha sido lo suficientemente ambicioso en la protección del medio ambiente y proporcionar acceso a la justicia para las víctimas de violaciones por parte de empresas”.

La posición del Parlamento sobre la debida diligencia incluye mejoras importantes respecto a las propuestas anteriores de la Comisión Europea y el Consejo. En particular, la posición se ajusta más a las normas internacionales sobre empresas y derechos humanos al aclarar cómo las corporaciones pueden abordar los daños y trabajar con las personas que puedan verse afectadas por sus actividades. También reduce los obstáculos al acceso a la justicia para las víctimas, ampliando el plazo de prescripción de los casos de abusos empresariales y ofreciendo asistencia financiera y jurídica.

Sin embargo, en ese mismo punto de acceso a la justicia, la plataforma considera que el compromiso político no ha estado suficientemente a la altura, ya que no se ha logrado invertir la carga de la prueba, lo cual significa que sigue existiendo un importante obstáculo.

Además, la plataforma manifiesta que la ley debería reforzar los propios objetivos de la UE incorporados en el ‘Green Deal’, pero la Eurocámara ha optado por ignorar las protecciones medioambientales recomendadas por su propia Comisión de Medio Ambiente. Asimismo, denuncia que el sector financiero, a pesar de su fuerte influencia sobre la forma en que las empresas llevan a cabo sus operaciones, recibe un trato preferente en el texto.