La nueva Directiva de debida diligencia, puesta en marcha por la UE hace un año, centró la primera mesa de diálogo de la última jornada del 8º Congreso de Responsabilidad Social. Con el exparlamentario europeo Ramón Jáuregi como moderador, el coloquio contó con la participación de Stefan Crets, director general de la plataforma CSR Europe; Pablo López, director general del Foro de Marcas Renombradas Españolas; Bernardo Cruza, director de sostenibilidad y RSC de El Corte Inglés; y Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio RSC.
La nueva Directiva establece el deber de debida diligencia de las empresas en el sentido de que estas deben identificar, poner fin, prevenir, mitigar y dar cuenta de los impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en todas sus actividades, las de sus subsidiarias y sus cadenas de valor, algo que el propio Ramón Jaúregui reconoció como un reto “muy difícil” para cada empresa individualmente, dado que implica el examen exhaustivo de toda la cadena de valor.
En este sentido Stefan Crets declaró que precisamente la red CSR Europe, que lleva funcionando 30 años, se dedica desde sus inicios a prestar apoyo a las empresas para que puedan implementar los cambios necesarios en sus políticas de RSC desde un enfoque más práctico que teórico. Así, afirmó que desde la entidad que dirige “queremos ser catalizador para facilitar el cambio. Un impulsor de la implicación de las empresas con sus principios RSC y los derechos humanos”.
Marco normativo común
Respecto a las implicaciones de la aplicación de la Directiva, Crets destacó que las leyes actuales se centran en la responsabilidad individual de las empresas y la “debida diligencia crea un campo común con reglas que son igualitarias para todas bajo el marco del Green Deal”, especialmente porque, según indicó, “está muy bien que surjan numerosas leyes en el ámbito RSC en toda Europa, pero todas esas leyes tienen que servir de motor de cambio. Hay un gran desequilibrio provocado por estas normativas e incluso su cumplimiento puede provocar discriminación. Por ejemplo, los pequeños productores pueden tener dificultades para cumplir con los requisitos y se pueden ver excluidos de las cadenas de suministro sostenibles que queremos conseguir”, remarcó.
"Los pequeños productores pueden tener dificultades para cumplir con los requisitos y se pueden ver excluidos de las cadenas de suministro"
Sobre todo, Crets destacó que “debemos pensar en cómo abordar las causas raíz subyacentes más importantes de los incumplimientos de los derechos humanos y medioambientales. Han de ponerse en marcha medidas complementarias para apoyar una mayor colaboración en los países productores, para que finalmente la obligación de cumplimiento no empobrezca a las partes más vulnerables de la cadena de suministros”.
En este sentido, según Crets, la debida diligencia debe complementarse con otras medidas con un enfoque centrado tanto en el propoio impacto como en la mejora de esos impactos. Para él, “debe existir un sistema de vigilancia y de seguimiento y que las normas sean ambiciosas en cuanto a la implicación de los productores a todos los niveles, de los gobiernos del sur global y del resto de actores, incluyendo las ONG”.
“Debe existir un sistema de vigilancia y de seguimiento y que las normas sean ambiciosas en cuanto a la implicación de los productores a todos los niveles"
Preocupación por el tsunami regulatorio
Por su parte, Pablo López quiso destacar la preocupación de las empresas por cierto exceso regulatorio en materia de sostenibilidad y RSC, “lo cual, contradice ese objetivo de armonización que quiere transmitir la Directiva”, afirmó.
Así, destacó que las empresas tienen una “capacidad limitada para ejercer influencia sobre determinados proveedores y para encontrar alternativas a los mismos". Además, tal y como concluyó, "las empresas necesitan tiempo para adaptarse y la aplicación de la Directiva tiene también un impacto económico sobre ellas".