Así lo transmitió durante la jornada ‘Mayores y Brecha Digital’, organizada por la PMP con el objetivo de abordar de la mano de diversos expertos el problema de la brecha digital que está afectando a miles de personas mayores y personas con discapacidad mayores, así como la imperante necesidad de que servicios tanto públicos como privados las tengan en cuenta.
Durante su intervención, Rodríguez Castedo insistió en la responsabilidad de los poderes públicos de trabajar en marcos legislativos que protejan los derechos de las personas mayores al tiempo que demandó a las entidades financieras y a las grandes empresas de servicios que deben cambiar sus estrategias para relacionarse con los ciudadanos y adoptar medidas que respondan a las reivindicaciones de las personas mayores en cuanto a una atención personal “que son de sentido común”.
Asimismo, reivindicó la necesidad de programas de formación en materia de digitalización para las personas mayores y “no dejar a nadie atrás”. En este sentido, manifestó que se trata de un compromiso de la PMP, que lleva trabajando incansablemente en impulsar estrategias de reivindicación de los derechos de las personas mayores en defensa de un modelo de banca y de servicios tanto públicos como privados “próximos y amigables”.
Por su parte, Magdalena Valerio, presidenta del Pacto de Toledo, que fue la encargada de inaugurar la jornada, se refirió a los tres grandes retos del siglo XXI: la extensión de la digitalización, el cambio climático y el reto demográfico. En cuanto a la brecha digital, afirmó que “es imparable” y que la atención personal en servicios tanto públicos como privados “va a menos”. Por lo que, en este sentido, llamó la atención sobre la evidente necesidad de que la formación es “esencial” para que esta brecha “no se haga cada día más grande”.
También, durante la ponencia ‘Por una digitalización que no deje a nadie atrás', Alberto Cabanes, presidente y fundador de ‘Adopta un abuelo’, destacó que, para reducir la brecha digital, todos los actores sociales “debemos estar unidos”, desde el sector público, legislando a favor de los derechos de las personas mayores; las empresas, adaptando sus servicios a todos los usuarios, y el Tercer Sector, promoviendo acciones de voluntariado con personas mayores para ayudarles a enfrentarse a la transición digital.
Ana María Marcos del Cano, catedrática de Filosofía del Derecho de la UNED, abordó la ponencia ‘Personas mayores y el ineludible respecto a su dignidad y a sus derechos fundamentales, más allá de la digitalización', se refirió a la brecha digital como una discriminación social “que necesita de la responsabilidad de todos”. Según advirtió, “la tecnología, tan necesaria para el desarrollo, debe ser un medio para garantizar una mejor calidad de vida, pero su aplicación no debe hacerse al margen de un sector de la población”. Para ella, “los derechos del mundo real deben ser trasladados al mundo digital, configurando las nuevas tecnologías de acuerdo a los valores y necesidades humanas”.
En la mesa 'Empresas Tecnológicas' participaron Carlos de la Iglesia, director de Comunicación y Desarrollo Corporativo de Microsoft; Patricia Leal, responsable de la Unidad de Competencia Social del mercado de AAPP de Minsait; y Carmen Morenés Giles, directora general de Fundación Telefónica. Según coincidieron, para una digitalización inclusiva, hay que buscar soluciones que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, tales como la accesibilidad, la usabilidad, la tecnología centrada en la persona o la colaboración de las empresas con las administraciones públicas en materia de innovación, entre otras.
Además, Juanjo Becerra, jefe de sección de Unidad Editorial; Juan Fernández, director del programa ‘Juntos Paso a Paso’ de RNE; y Juani Loro, directora del programa ‘Palabras Mayores’ del Grupo Senda, debatieron en la mesa 'La visión de los medios' y coincidieron en que la cobertura mediática de los problemas que afectan a las personas mayores ayudan a crear conciencia social, pero advirtieron al mismo tiempo que no debe ser una información puntual, sino algo que se prolongue en el tiempo, ya que, dado que la próxima generación ya está digitalizada, “el esfuerzo hay que hacerlo ahora”.
Otra de las mesas que se celebró fue 'Compromiso de los Partidos Políticos', donde diversos portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo (PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos) hablaron de la responsabilidad parlamentaria en este debate para que la digitalización no se convierta en una estigmatización, sino en un derecho sobre el que los políticos deben estar alerta, adoptando las medidas legislativas oportunas que garanticen sus derechos.
Por último, Bibiana Medialdea, directora general de Consumo, encargada de clausurar el acto, apuntó que ya existe en España la figura jurídica de persona consumidora vulnerable, que tiene un “potencial importante”, ya que permite ampliar el concepto de vulnerabilidad y genera obligaciones para los poderes públicos y empresas para la protección de personas en situación de vulnerabilidad.