El Consejo de Empleo y Políticas Sociales de la Unión Europea (EPSCO) aprobó el pasado 9 de octubre, a instancias de la ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, una Recomendación para desarrollar la Economía Social en toda la Unión Europea (UE), junto con unas Conclusiones sobre salud mental y precariedad laboral. Se trata del primer documento de estas características que recibe el visto bueno de los 27 estados miembro.
Son más de 2,8 millones de empresas y entidades las que se enmarcan en este modelo productivo, empleando a más de 13,6 millones de personas, pero de forma desigual en los diferentes países.
“Con esta recomendación, la Economía Social da un importante paso para convertirse en un nuevo pilar de la Europa social”, aseguró la vicepresidenta Díaz ante sus homólogos europeos.
Según indicó, “es un modelo de éxito que combina eficiencia económica y justicia social, y que nos recuerda también la importancia de una mayor democracia en el trabajo para que las personas trabajadoras participen activamente en la toma de decisiones”.
Con esta Recomendación se aboga por que los países miembros de la UE promuevan el modelo empresarial de economía social, en el que se encuentran las cooperativas, mutualidades, centros especiales de empleo, sociedades laborales o fundaciones, entre otros. Se trata de empresas o entidades que garantizan la creación de empleo de calidad y tienen una repercusión positiva en la cohesión social y territorial.
El texto aprobado en la EPSCO recoge una definición de la Economía Social como un universo de entidades privadas autónomas que operan primando las personas y el propósito social sobre el lucro. Además, reinvierten la totalidad o la mayor parte de sus ganancias y excedentes en fines sociales y/o ambientales o en actividades de interés para los usuarios o en la sociedad. Asimismo, su gestión se realiza de forma participativa con las personas que las conforman, por lo que la toma de decisiones es más democrática que en los modelos empresariales tradicionales.
Esta Recomendación es la primera norma de la UE centrada específicamente en la Economía Social, una de las tres prioridades de la presidencia española del Consejo de la UE junto al diálogo social y el trabajo decente, y propone diseñar políticas laborales y de empleo que apoyen este tipo de empresas o entidades; mejorar su financiación pública y privada, así como reconocer el papel que la Economía Social juega en la inclusión con, por ejemplo, la prestación de servicios sociales y asistenciales, en especial a grupos desfavorecidos.
La patronal destaca la apelación de esta Recomendación a la participación en el Diálogo Social
La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), patronal del sector, mostró su satisfacción por la recién aprobada Recomendación, que “insta a los Estados miembros de la Unión Europea a promover medidas y políticas en todos los ámbitos, especialmente en las políticas de empleo, y a que este modelo empresarial esté presente en el Diálogo Social”.
Para Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES y de Social Economy Europe (SEE), la entidad que representa el sector en Europa, esta Recomendación permite a los países miembros de la UE “avanzar de manera conjunta en su apuesta por la economía social, un modelo empresarial que representa a más de 2,8 millones de empresas y entidades y emplea a más de 13,6 millones de personas en toda Europa”.
“Esta Recomendación contempla una hoja de ruta innovadora que permitirá crear más empresas y empleos en la Economía Social, para alcanzar los 20 millones de empleos en 2030”, añadió Pedreño.
La “puesta de gala” de esta Recomendación, aseguró, tendrá lugar durante en la próxima Cumbre Europea de Economía Social, que reunirá en Donostia los días 13 y 14 de noviembre de 2023 a Gobiernos, instituciones europeas, gobiernos autonómicos, Estados miembros, organizaciones internacionales como la OCDE o la OIT, así como a los líderes empresariales de la economía social a nivel mundial.