En concreto, el capítulo de Derechos Humanos del informe anual ‘La Responsabilidad Social Corporativa en las empresas del IBEX 35’ subraya que la información que aportan las empresas del IBEX 35 sobre la gestión de los impactos sobre los derechos humanos es la peor valorada de todas las áreas analizadas y que esta cuenta, por lo tanto, con un amplio margen de mejora.
En este sentido, el estudio, presentado recientemente por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa y que contiene información relativa al ejercicio de 2019, hace hincapié en que estas organizaciones deberán mejorar tanto en lo relativo a la calidad y profundidad como en la cantidad de información sobre sus actuaciones en materia de derechos humanos.
Paradójicamente, el informe refleja una leve mejora en este aspecto y advierte que la puntuación obtenida por las empresas analizadas en esta materia mejoró en 2019 con respecto al ejercicio anterior, pasando de 21,03 a 22,78 puntos sobre 100. A pesar de ello, los autores constatan que este sigue manteniendo el peor promedio de todas las áreas analizadas.
El documento también sostiene que el área en el que las empresas han vuelto a facilitar más información y de mayor calidad es la de política de derechos humanos, con un promedio de 35,66 puntos. Sin embargo, en el resto de las dimensiones consideradas en el análisis, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa señala que se han producido variaciones poco significativas en relación con el ejercicio de 2018.
Es el caso de la información sobre la gestión de la debida diligencia, que acumula un promedio de 17,13 puntos; la gestión de la cadena de suministro, que alcanza los 26,52 puntos; y los mecanismos de acceso a remedio, que vuelve a ser la dimensión con una puntuación más baja (12,75 puntos) y la que, según los autores, más esfuerzo requiere por parte de las entidades del IBEX 35.
El estudio también presenta un ranking con las empresas del principal índice bursátil español mejor clasificadas en cuanto a la cantidad y calidad de información que reportan sobre su gestión corporativa de los derechos humanos.
Y, en este sentido, Endesa aparece en primer lugar, con una puntuación de 56,54. Inditex e Iberdrola, por su parte, figuran en las dos siguientes posiciones, segunda y tercera, con 55,20 y 54,04 puntos, respectivamente. Acciona ocupa la cuarta plaza, con 44,18 puntos; Telefónica es quinta, con 44,15; y Naturgy, sexta, con 33,57.
Pocos procedimientos de gestión
En otro orden de cosas, el documento del Observatorio de RSC también pone el foco sobre el avance legislativo en Europa para regular la responsabilidad de las empresas sobre los impactos en los derechos humanos y el medio ambiente.
Algo que ya es prácticamente una realidad y que, además, es más que probable que, en junio de 2021, la Comisión Europea publique una propuesta legislativa en forma de directiva que responsabilice a las empresas por sus impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente de sus actividades a lo largo de sus cadenas de suministro.
Por otro lado, el texto revela que, aunque cada vez más empresas del IBEX 35 disponen de políticas formales de respeto por los derechos humanos, únicamente son 13 las que identifican los riesgos ligados a su actividad. Este paso, advierten los autores, es el primero de un proceso de debida diligencia y será de obligado cumplimiento con la nueva legislación.
De hecho, Isabel Tamarit, responsable de Derechos Humanos en el Observatorio de RSC, sostiene que, en este contexto, “las empresas del IBEX 35 van a tener que pisar el acelerador si quieren estar preparadas ante los cambios legislativos que se avecinan en Europa en materia de debida diligencia”.
Derechos humanos y reporting no financiero
Y, por otra parte, el texto también subraya que, a pesar de que la entrada en vigor de la Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad ha tenido un efecto positivo en la calidad de la información extrafinanciera que aportan las empresas del IBEX 35, los indicadores centrados en derechos humanos siguen recibiendo un cumplimiento menor.
El análisis efectuado por el Observatorio de RSC revela que ninguna de las empresas del principal selectivo de nuestro país reportó de manera completa en el estado de información no financiera lo requerido por la Ley 11/2018 en relación con la gestión de riesgos e impactos en los derechos humanos.
En este sentido, Isabel Tamarit señaló que estas organizaciones “tienen que mejorar la calidad de la información de sus estados de información no financiera, sobre todo ahora que la Comisión Europea ha anunciado cambios más exigentes con la propuesta de reforma de la Directiva sobre los informes de sostenibilidad de las empresas”.