La Conferencia de Marrakech, que ha reunido en esta ciudad marroquí a jefes de estado de la mayoría de los países miembros de la ONU, ha concluido con la ratificación del pacto migratorio, de Naciones Unidas que fue aprobado el pasado mes de julio, pese a que varios han sido los firmantes que desde esa fecha se han desvinculado del acuerdo.
En las horas previas a la cumbre, el futuro ministro de Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, anunció en twitter que su país tiene la intención de abandonar el pacto en cuanto el presidente electo, Jair Bolsonaro, tome posesión y forme gobierno. Brasil se uniría así a los otros países firmantes que se han desvinculado del pacto en los últimos meses como son Estados Unidos, Austria, Hungría, Polonia, Estonia, Bulgaria, República Checa, Israel, Australia y República Dominicana.
El pacto no es jurídicamente vinculante y no impide a ningún estado firmante decidir su propia política migratoria
Estos países han argumentado que el pacto migratorio cuestiona su soberanía y que puede provocar un efecto llamada que multiplique los flujos migratorios. Sin embargo, el acuerdo es solo una declaración de principios que no es jurídicamente vinculante y que no impide a ningún estado que lo ratifique decidir su propia política migratoria.
Durante su intervención en la Conferencia de Marrakech, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha referido al fenómeno migratorio como un “hecho consustancial al ser humano”, que requiere de una respuesta global. Por ello, ha hecho un llamamiento a la acción coordinada parta abordar: “Juntos logramos más, es una responsabilidad compartida entre los países de origen, tránsito y destino”.
Asimismo, Sánchez ha advertido de “la instrumentalización de la migración como excusa para repliegues nacionalistas y cierres de fronteras” y ha subrayado que “apelar al odio y al miedo al diferente únicamente beneficia a quienes utilizan esta estrategia para obtener réditos políticos”.
Por una migración segura y digna
El pacto se estructura en torno a 23 grandes objetivos, entre los que figuran metas genéricas como cooperar para abordar las causas de la migración o mejorar las vías de migración legal, pero también compromisos concretos, como medidas contra la trata y el tráfico de personas.
El acuerdo pide también a los países evitar la separación de las familias, usar la detención de migrantes sólo como última opción o reconocer el derecho de los migrantes irregulares a recibir atención médica y educación en sus países de destino.
Además, los Estados firmantes se comprometen a mejorar su cooperación a la hora de salvar vidas de migrantes con misiones de búsqueda y rescate, garantizando que no se perseguirá legalmente a quien les dé apoyo de carácter "exclusivamente humanitario".
Asimismo, los gobiernos prometen asegurar un regreso "seguro y digno" a los inmigrantes deportados y no expulsar a quienes se enfrentan a un "riesgo real y previsible" de muerte, tortura u otros tratos inhumanos.