En un debate moderado por Carlos Mataix, director del itdUPM y director científico de Revista Diecisiete, los ponentes pusieron de relieve la importancia de aprovechar el potencial de la población desplazada como motor de desarrollo para las sociedades de acogida y subrayaron la importancia de revisar las actuales carencias del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea.
Rut Bermejo, investigadora sénior asociada del Real Instituto Elcano y profesora titular de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, destacó la necesidad de desactivar las narrativas extremistas que dominan el discurso político en temas de migración y asilo en la actualidad. Según alertó, existe un clima de creciente polarización y simplificación en torno a las poblaciones en movimiento que contribuye a generar mensajes equívocos y dificulta encontrar posturas intermedias.
“Cuando la inmigración se convierte en un tema de debate político y se enfoca desde un punto de vista restrictivo, nativista o de cierre, como se ha podido ver en las recientes elecciones de Estados Unidos o incluso en las del Parlamento Europeo, resulta muy difícil dialogar. Diversos análisis revelan que las posiciones políticas duras, las que hablan de la migración como un riesgo, son preponderantes, difíciles de contrarrestar y empujan a la gente hacia los extremos”, señaló.
Migración circular con garantías
Por su parte, Miguel Ángel García, experto en migraciones de Acción contra el Hambre, donde fue director en Centroamérica durante 10 años, destacó la conveniencia de apostar por un modelo de migración circular que proporcione a los desplazados contratos laborales en origen. De esta manera, recordó, tanto el migrante como el país receptor se ven beneficiados.
Como explicó, se trata de una opción que permite que el desplazado pueda acceder a oportunidades que no tiene en su tierra natal y le evita arriesgarse a sufrir los abusos que implica la migración ilegal. Por otro lado, el país receptor obtiene la mano de obra que necesita cubrir.
“Este año van a venir a Huelva 500 guatemaltecos para trabajar durante seis meses en la campaña agrícola de frutos rojos. Al migrar con un contrato en origen, no ponen en riesgo su vida, tienen derecho a una vivienda y, cuando regresan a su tierra después de seis meses, cuentan con unos ingresos muy superiores a los del sueldo medio de su país”, apuntó.
Acceso al mercado laboral cualificado
En su intervención, Sunita Nasir, originaria de Afganistán y consultora de Atelier itd y Smart & City y activista por los derechos de las mujeres y los refugiados, subrayó que el diálogo entre refugiados y autoridades es clave para alcanzar una integración efectiva, algo que no siempre sucede. “Hablar sirve para que las comunidades y los Estados se entiendan mejor, para aclarar ideas equivocadas y también para reducir el miedo y rechazo hacia los extranjeros”, recalcó.
Desde su experiencia como presidenta de la Asociación de Mujeres Afganas en España (AMAE), recordó que es importante que se reconozca que las comunidades de refugiados son diversas y no someterlas a análisis reduccionistas. “El 20% de los refugiados afganos de AMAE tiene un doctorado y el 16%, estudios de máster. De los 4.000 refugiados con los que estamos en contacto en 35 ciudades de España, sólo el 4% carece de estudios”, subrayó. A pesar de ello, incidió en que “estas personas, al igual que los migrantes, viven una pesadilla para acceder al mercado laboral o a una vivienda digna”.