La Unesco y la Fundación ”la Caixa” han presentado el informe ¿Quién asume el coste? Cómo abordar las desigualdades derivadas del cambio climático y la acción climática, que propone integrar la equidad, la justicia social y los derechos humanos en las políticas climáticas para garantizar una transición justa e inclusiva.
Asimismo, el informe pretende poner de relieve y abordar las profundas desigualdades sociales y económicas que se han agravado con el cambio climático y que se han introducido en las actuales políticas climáticas. Entre las medidas, se insta a aumentar la financiación climática anual a 1,3 billones de dólares de aquí al año 2035, con especial atención al sur global.
La investigación presenta un conjunto de índices compuestos que evalúan cómo se verán afectados los distintos sectores y poblaciones en los escenarios climáticos de mediados de siglo. Los resultados indican que existen desigualdades significativas en cuanto a la exposición a los riesgos climáticos y a la capacidad de adaptación, sobre todo entre los grupos marginados y de renta baja.
El informe insta a aumentar la financiación climática anual a 1,3 billones de dólares de aquí al año 2035, con especial atención al sur global
El informe destaca que vivimos en un mundo en que el sur global soporta una carga desigual ante el cambio climático:
- 3.600 millones de personas viven en zonas muy vulnerables a los efectos del cambio climático.
- 2.500 millones de personas podrían estar expuestas a un calor extremo en 2050, de las cuales 239 millones en condiciones de extrema pobreza y con temperaturas superiores a 35 °C durante más de 12 semanas al año.
- Hay 80 millones de personas forzosamente desplazadas que ya viven actualmente en zonas de riesgo climático, y en 2070 puede haber hasta 2.100 millones de personas más en riesgo de desplazamiento forzoso.
Hay 80 millones de personas forzosamente desplazadas que ya viven actualmente en zonas de riesgo climático
- Las mujeres, los pueblos indígenas, los niños y los trabajadores irregulares sufren un riesgo más elevado, y 1.400 millones de mujeres se verán directamente afectadas entre 2040 y 2060.
- 325 millones de trabajadores de los sectores manufacturero, minero y energético, incluyendo 108 millones de mujeres y 106 millones de personas mayores de 45 años, están en riesgo a consecuencia de la transición hacia un sistema de producción más limpia.
- El patrimonio cultural está cada vez más amenazado: se prevé que 238 de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco se enfrentarán a graves peligros relacionados con el cambio climático en las próximas décadas, pese a que ninguno de ellos está clasificado como en situación de peligro.
“A medida que la crisis climática se acelera, también debe acelerarse nuestro compromiso con los grupos de población más afectados. Para reconstruir la confianza pública en la acción climática, debemos comenzar por las personas, sobre todo las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, ya que corremos el riesgo de acentuar las desigualdades que la propia emergencia climática pone de manifiesto”, explica Sergi Loughney, director general adjunto de Asuntos Corporativos de la Fundación ”la Caixa”.
Gustavo Merino, director de Políticas Sociales de la Unesco, añade que “esta colaboración con la Fundación ”la Caixa” refuerza la convicción de la Unesco de que las soluciones climáticas justas deben abordar la desigualdad desde el principio”.
El informe, basándose en datos procedentes de diversos lugares, regiones y sectores, muestra que los primeros efectos del cambio climático global afectan de una manera desproporcionada a países y comunidades que apenas han contribuido a la crisis, pero son extremadamente vulnerables a sus efectos. El 10% de los países más ricos son responsables de casi el 50% de las emisiones globales, mientras que los países más vulnerables (Chad, Sudán del Sur, Níger, República Centroafricana y Somalia) se enfrentan a complejas crisis de pobreza, falta de infraestructuras y estrés climático.
Índice de vulnerabilidad
Una característica fundamental del informe es la introducción del nuevo “índice de vulnerabilidad social a los impactos climáticos físicos”, desarrollado utilizando datos del PNUD, la Unesco y el Banco Mundial. Se trata de un índice que evalúa la capacidad de cada país para hacer frente a los riesgos relacionados con el cambio climático a partir de cinco dimensiones básicas: salud, riqueza, desigualdad de género, ruralidad y tasa de dependencia de la población mayor.
Según el autor principal del informe, Rodolfo Lacy, “el cambio climático está provocando transformaciones profundas y a menudo imprevistas en las economías y sociedades de todo el mundo. A pesar de los considerables esfuerzos que se están realizando a escala mundial, el calentamiento global continúa acelerándose y, además, algunas políticas de mitigación están generando sinergias negativas complejas e imprevistas que requieren atención internacional urgentemente”.
Para Lacy, “si la equidad y la justicia no se sitúan en el centro de las agendas climáticas, se corre el grave riesgo de agudizar las desigualdades actuales, socavar la estabilidad global y dificultar el objetivo compartido del desarrollo sostenible. El imperativo de una acción climática inclusiva y equitativa nunca había sido más apremiante”.