Se hace llamar David por sus clientes y está especializado en la venta de equipaciones imitadas de los principales clubes de fútbol de la liga española. Por 15 ó 20 euros vende réplicas exactas de camisetas que en tienda oficial costarían entre 60 y 80 euros. Cada tarde David planta su manta en la zona del mercado de La Latina, en Madrid, y después de medianoche se traslada a las inmediaciones de la Puerta del Sol. Lleva años viviendo del 'top manta' y sabe incluso cómo fidelizar a algunos de sus clientes facilitándoles su número de móvil y consiguiéndoles en cuestión de horas cualquier cosa que le pidan.
Los recientes disturbios en Lavapiés, a raíz de la muerte del 'mantero' senegalés Mame Mbaye en este barrio madrileño, han vuelto a poner bajo los focos el problema de la venta ilegal callejera, conocida popularmente como ‘top manta’, una actividad que se nutre de la importación al por mayor de productos falsificados.
A escala global el negocio de las falsificaciones representa nada menos que el 2,5 por ciento del comercio mundial, ya que mueve 338.000 millones de euros, según estimaciones de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta actividad ilícita representa un porcentaje todavía mayor en el ámbito de la UE, ya que supone el cinco por ciento de todas las importaciones.
José Antonio Moreno (Andema): "Detrás del 'top manta' se ocultan las mafias de la inmigración y la explotación y las de importación ilegal"
En el caso de España, la venta de productos de imitación estaría causando a las tiendas mermas por valor de más de 7.000 millones de euros y, por tanto la pérdida de unos 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos, según los cálculos de la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema).
El director de esta organización, José Antonio Moreno, afirma que detrás del 'top manta' se ocultan “grandes conocedores del comercio internacional que saben distinguir perfectamente qué rutas son más permeables para introducir la mercancía”. Además, según Moreno, utilizan artimañas como la de introducir por separado mercancía sin ningún distintivo de marca y ensamblar después en España los elementos identificativos que reciben por paquetería postal.
A juicio de Moreno, se trata de un negocio a gran escala a partir del acuerdo entre “las mafias de la inmigración ilegal y de explotación para la venta, que están controladas por personas de origen senegalés, y las mafias chinas, que controlan la producción y la entrada de mercancía”.
Una denuncia que comparte el presidente de ModaEspaña, Ángel Asensio: “Lo que hay detrás de los 'manteros' son mafias organizadas que se nutren de la venta de esos artículos. No se está apoyando al 'mantero' a quien esa venta solo le da unos ingresos limitados de supervivencia, sino que se está alimentando a las mafias que son las que se encargan de fabricar y distribuir esa mercancía”.
Despenalizar la venta ilegal
Al calor de los sucesos del barrio de Lavapiés, Unidos Podemos registró en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que, en caso de ser aprobada haría que la venta ilegal ambulante, aunque fuera de productos falsificados, fuese considerada falta y no delito. La tipificación de delito fue introducida por el PP en la reforma del Código Penal de 2015 y lleva aparejadas penas de cárcel de entre seis meses y dos años. Si la venta ilegal volviese a ser tipificada como falta, solo conllevaría sanciones económicas y no generaría antecedentes penales.
Ione Belarra (Unidos Podemos): "Queremos trasladar un mensaje claro: 'sobrevivir no puede ser un delito'"
En defensa de esta propuesta, la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, argumenta que la inciativa quiere servir “para visibilizar la precariedad, la criminalización y las dificultades de miles de personas para sobrevivir por ser migrantes y para trasladar un mensaje claro a la sociedad española: que sobrevivir no puede ser un delito”.
Belarra asegura que vender un bolso puede llevar a una condena de dos años de cárcel, mientras el fraude a la Hacienda Pública no tiene consideración de delito hasta que no alcanza un importe de 120.000 euros. “Nos parece una diferencia sustancial y una evidencia de que en nuestro país hay una justicia para ricos y una justicia para pobres”, lamenta la portavoz de la formación morada.
Además Belarra llama la atención sobre “uno de los grandes problemas que tienen los 'manteros' y los 'lateros' en nuestro país” y es que, al estar tipificada como delito, la venta ilegal les acarrea antecedentes penales que les impiden regularizar su situación “y les condena a la clandestinidad para toda la vida”. Así, la diputada de Podemos denuncia: “Nos encontramos con situaciones como las de Mame (Mbaye), que después de 14 años en España no podía tener papeles que le permitieran trabajar en condiciones de legalidad”.
Igualdad de derechos y deberes
Para el director de Andema, “lo que Podemos está planteando es un parche en un problema que es muy grande, que es el problema de la inmigración irregular y de la integración de los inmigrantes”. Por ello, Moreno aboga por la igualdad de derechos y obligaciones para todos. “Es decir, que si estas personas están capacitadas para la venta, que se den de alta como autónomos, que obtengan una autorización para vender, que paguen la tasa municipal correspondiente y que comercialicen productos lícitos, que hayan pasado los controles de calidad”.
Ángel Asensio (ModaEspaña): "La despenalización supondría un agravio comparativo hacia el pequeño comercio legal y provocaría un efecto llamada"
De la misma opinión es el presidente de Moda España, quien cree que una despenalización del 'top manta' supondría “un agravio comparativo para todos los pequeños comerciantes que están dados alta como autónomos, que pagan la Seguridad Social y sus impuestos, que les cuesta llegar a final de mes y que están saliendo de una crisis”. Asensio remata: “Y además (la despenalización) puede provocar el efecto llamada”.
En cambio, a juicio Belarra, el "gran enemigo del pequeño comercio son las grandes superficies" y, en última instancia la liberalización de los horarios aprobada por el Partido Popular. Según la diputada de Podemos, las grandes superficies han incrementado un 17 por ciento sus ventas a costa de una reeducción del 10 por ciento en el pequeño comercio.
Andema y Moda España subrayan que el consumo responsable es la clave para resolver el problema de la venta ilegal y de la falsificación de productos. “El consumidor debe ver que lo que hay más allá de un bolso o una camiseta falsificada en términos de ayuda a mafias, al crimen organizado, al blanqueo de capitales y al fraude fiscal, y por tanto tiene una gran responsabilidad al decidir si comprar o no comprar”, destaca el director de la Asociación en Defensa de la Marca.