Las rehabilitaciones de edificios que quieran beneficiarse de los fondos Next Generation deberán demostrar que son sostenibles según la Taxonomía de la Unión Europea. En el caso concreto de la edificación, cumplir con estos requisitos supone la diferencia entre poder acceder o no a 6.820 millones de euros, que es la cantidad de dinero público europeo destinado por el Gobierno de España hasta 2023 para la regeneración urbana y la rehabilitación de viviendas.
“Cumplir los criterios de sostenibilidad de la Taxonomía propuestos por la Unión Europea está destinado a convertirse en una pieza central en cualquier operación financiera, tanto pública como privada”, aseguró Bruno Sauer, director general de Green Building Council España (GBCe) y vicepresidente de Climate Positive Europea Alliance (CPEA).
No obstante, estos requisitos aportados por la financiación sostenible —en general— y la Taxonomía Europea —en particular— son de muy reciente aplicación en la edificación, lo que, a juicio de Sauer, “plantea importantes retos para el sector”.
Ante estos nuevos desafíos, CPEA ha publicado el informe ‘Value of architecture in the context of the EU Taxonomy’, que pretende elaborar una aproximación sobre la aplicabilidad, procedimientos y costes de esta evaluación taxonómica.
Altísima inversión
De los cuatro millones de edificios que hay certificados en España, apenas 10.000 (un 0,25%) cuentan con una letra A o certificación energética de máxima eficiencia, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Por el contrario, algo más de ocho de cada diez viviendas, un 82% del total, cuentan con una certificación energética E, F o G, las menos eficientes.
En este contexto, en el que la mitad del parque edificado español se construyó antes de 1980 sin normativa de eficiencia alguna y en el que el sector de la edificación es responsable del 30,1% del consumo de energía final y del 25,1% de las emisiones de carbono a la atmósfera, una rehabilitación profunda se convierte en la herramienta más eficaz para mejorar el comportamiento energético de las edificaciones.
Para acabar con esta ineficiencia y lograr el ritmo de rehabilitación necesario para descarbonizar el sector en la primera mitad del siglo XXI, es necesaria una inversión anual de 7.500 millones de euros hasta 2050. “Para alcanzar y mantener el altísimo ritmo de inversión en rehabilitación, necesario para lograr la urgente descarbonización del sector de la edificación, los fondos públicos europeos son un elemento fundamental”, destacó Dolores Huerta, directora general de GBCe, quien aludió a la Hoja de ruta del proyecto Building Life.
Y en este punto, precisamente, es donde surge la Taxonomía Europea, que busca garantizar que el dinero procedente de la Unión Europea se destine a inversiones sostenibles. Tal y como explicó Julia Manzano, experta de GBCe y una de las impulsoras del estudio ‘EU Taxonomy Study: Evaluating the market-readiness of the EU taxonomy criteria for buildings’, “una actividad es ambientalmente sostenible cuando aporta de forma significativa en, al menos, uno de los seis objetivos perseguidos y no perjudica a los otros cinco”. En concreto, estos seis factores son la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, el agua, la economía circular, la contaminación y los ecosistemas.
Esfuerzo de implementación
Manzano también apuntó que “los mecanismos de financiación del mercado inmobiliario tienen que conocer y aplicar los criterios de la Taxonomía Europea, especialmente en lo que se refiere a los edificios existentes”. De hecho, aseguró que una de las mayores dificultades a la hora de aplicar la Taxonomía se encuentra en que gran parte del parque edificado presenta dificultades para ser considerado activo sostenible. En este sentido, señaló que “solo un 15% de los edificios construidos serían capaces, hoy por hoy, de cumplir más de dos tercios de los criterios de la Taxonomía”.
El requisito mínimo que fija la Taxonomía Europea para considerar que una rehabilitación contribuye al criterio de mitigación del cambio climático es que mejore el rendimiento energético del edificio en, al menos, un 30% del consumo de energía primaria no renovable.
Asimismo, para cumplir el criterio de economía circular, también deberán seguir unos principios mínimos en cuanto al diseño, la reutilización y el reciclaje de, al menos, un 70% de los residuos. Y, además, se contemplan unos criterios en prevención de la contaminación y protección de la salud, retirando del edificio todos los productos de construcción que contengan amianto.