El Reglamento europeo de Deforestación (EUDR) tiene por objetivo que la economía europea no provoque deforestación en ningún lugar del planeta, como contribución europea a la lucha contra el cambio climático y la crisis de biodiversidad.
Este reglamento, aprobado en junio de 2023, debe aplicarse plenamente a partir del 30 de diciembre de 2024, y afecta a cualquier actividad comercial de las siete materias primas incluidas hasta ahora: soja, aceite de palma, café, cacao, caucho, madera y ganado bovino.
El EUDR obliga a garantizar la trazabilidad de cualquier partida de esos siete productos hasta su parcela de producción, garantizando que no proviene de zonas deforestadas y que se ha producido siguiendo la legislación nacional.
En España, son las comunidades autónomas las competentes en la aplicación del EUDR. La legislación les genera la obligación de asistir a los operadores (empresas) en la adaptación a la norma, a establecer planes anuales de controles para comprobar la veracidad de las Declaraciones de Diligencia Debida que presenten las empresas, a presentar informes regulares ante el público y la Comisión y a aplicar medidas correctoras y/o sancionadoras. Para ello, deben disponer de los medios humanos, económicos y técnicos suficientes que les permita afrontar con garantías este gran reto.
Ecologistas en Acción ha solicitado información a las 17 comunidades autónomas, y ha llevado a cabo durante junio diversas reuniones con algunas de las que representan un mayor porcentaje en el consumo de materias primas afectadas por el EUDR, en concreto, con la Junta de Andalucía, la Xunta de Galicia y el Gobierno de Aragón.
En Ecologistas en Acción están preocupados ante el retraso en la aplicación del reglamento
Según la organización, el resultado es preocupante. La inmensa mayoría de los gobiernos autonómicos ni siquiera disponen de una unidad técnica capacitada para cumplir con sus funciones, y no han dotado absolutamente ningún recurso extra (a excepción de la Junta de Andalucía).
Para Jaume Grau, responsable de la campaña sobre deforestación de Ecologistas en Acción, “estamos preocupados ante el retraso en la aplicación del reglamento. Si las comunidades autónomas no se activan de inmediato no llegarán a tiempo según lo establecido en la ley europea”.
Grau considera este hecho “un peligrosísimo precedente de una legislación ambiental que no se aplica por desidia de las administraciones”.
Fuentes de Ecologistas en Acción consideran que estos retrasos son preocupantes y vuelven a poner a España por detrás de otros países europeos, como los Países Bajos, que ya disponen ya de una unidad administrativa con un fuerte presupuesto y personal específico, además de protocolos de trabajo.
Aunque Ecologistas en Acción es consciente de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debe establecer protocolos comunes de comunicación y llevar al Congreso de los Diputados una propuesta de ley para aprobar el procedimiento sancionador del EUDR en España, en la ong creen que “esta demora no es excusa para que las comunidades autónomas fallen en cumplir con sus obligaciones legales”.
La organización también advierte que los retrasos más los obstáculos que están poniendo algunos sectores empresariales podrían dificultar la aplicación del reglamento de forma uniforme y armonizada en la UE, lo que llevaría a fracasar en el objetivo de detener la deforestación.