La delincuencia medioambiental es la cuarta actividad delictiva del mundo y una de las principales fuentes de ingresos de la delincuencia organizada, junto con la droga, las armas y el tráfico de seres humanos. La Comisión Europea presentó en diciembre de 2021 una propuesta para reforzar la protección del medioambiente en la Unión Europea mediante el Derecho penal, con el objetivo de paliar el creciente número de infracciones penales contra el medioambiente.
Y el Parlamento Europeo acaba de aprobar una nueva Directiva sobre delitos medioambientales que incluye una lista actualizada de delitos, entre ellos el comercio ilegal de madera, el agotamiento de los recursos hídricos, las infracciones graves de la legislación europea sobre productos químicos y la contaminación causada por los buques.
Además, la Eurocámara ha garantizado que la nueva normativa incluya el denominado ‘delito cualificado’, como los incendios forestales a gran escala o la contaminación generalizada del aire, el agua y el suelo, que conlleva la destrucción de un ecosistema y es, por tanto, equiparable al ecocidio.
Tras la aprobación de esta nueva legislación en el Pleno del Parlamento Europeo, el ponente Antonius Manders (PPE, Países Bajos) declaró que “ya es hora de que luchemos contra la delincuencia transfronteriza a escala europea con sanciones armonizadas y disuasorias para prevenir nuevos delitos medioambientales. En virtud de este acuerdo, quienes contaminen lo pagarán”.
Asimismo, puso de relieve que “es un gran paso en la dirección correcta que cualquier persona que ocupe un cargo directivo en una empresa que contamine pueda ser considerada responsable, al igual que la propia empresa. La introducción del deber de diligencia hace que ya no haya dónde esconderse tras permisos o lagunas legislativas”.
Penas de prisión y multas
Los delitos contra el medioambiente cometidos por personas y representantes de empresas se castigarán con penas de cárcel en función de la duración, la gravedad o la reversibilidad de los daños. Los delitos cualificados, por su parte, podrán ser castigados con ocho años de prisión; los que causen la muerte de una persona, con 10 años; y los demás delitos, con hasta cinco años.
Todos los infractores estarán obligados a restablecer el entorno dañado y a ofrecer compensación, además de enfrentarse a multas. Para las empresas, las multas alcanzarán el 3% o el 5% de su facturación mundial anual o, alternativamente, 24 o 40 millones de euros, según la naturaleza del delito. Los Estados miembro podrán decidir si persiguen delitos penales que no hayan tenido lugar en su territorio.
Formación y recopilación de datos
La Eurocámara también insistió en que las personas que denuncien delitos contra el medioambiente deben recibir apoyo y asistencia en el marco de un proceso penal. También garantizó que los Estados miembro impartirán una formación especializada para policías, jueces y fiscales, prepararán estrategias nacionales y organizarán campañas de sensibilización para luchar contra la delincuencia medioambiental.
Los datos recogidos por los Gobiernos de la Unión Europea sobre delitos contra el medioambiente deberían ayudar a abordar mejor esta cuestión y a la Comisión a actualizar periódicamente la lista.