Entre los principales motivos por los que las compañías españolas se lanzan a invertir en sostenibilidad se encuentran la reputación de marca, la mejora de la competitividad y sus objetivos comerciales.
En cuanto a áreas concretas, cerca de la mitad (48%) de las empresas tiene previsto invertir en energías renovables, una apuesta que es más alta que la media de la Unión Europea (43%) y del conjunto de los países participantes en el estudio (42%). La gestión y reducción de los residuos es el segundo destino de inversión para los directivos españoles, elegido por el 35%, seguido por el empleo de la digitalización para impulsar la eficiencia (34%), el desarrollo de productos sostenibles y la reducción de emisiones de carbono (ambas con el 30%).
Según Sergi Puig-Serra, socio de Auditoría y Assurance No Financiero de Grant Thornton, “la adopción de criterios sostenibles no sólo es recomendable por el cumplimiento de la normativa, sino que supone ventajas también a nivel de imagen y rentabilidad, o para facilitar y agilizar los procesos internos. Los responsables de las empresas medianas lo saben y están haciendo grandes esfuerzos en este sentido”.
Estrategia de sostenibilidad
El informe de Grant Thornton también ha tenido en cuenta las iniciativas que las organizaciones españolas han puesto en marcha en esta materia o que tienen previsto implantar próximamente, siendo la elaboración de una estrategia de sostenibilidad la medida más habitual. De hecho, cuatro de cada 10 directivos aseguran haberla puesto ya en marcha o tiene planeado hacerlo en los próximos 12 meses. La elaboración de informes y memorias (32%), la evaluación de criterios ESG (33%) y el cumplimiento de objetivos en materia de sostenibilidad (38%) son otras de las iniciativas ya puestas en marcha por las compañías españolas.
Aunque el nivel de implantación de las medidas en la Unión Europea es similar al de nuestro país, el estudio indica que España todavía se encuentra por debajo del compromiso mundial por la sostenibilidad. De este modo, una de cada dos compañías de todo el mundo (51%) ya tiene implantadas estrategias en este sentido y cerca de la mitad tiene puestos en marcha mecanismos para evaluar su cumplimiento (47%).
Obstáculo para la internacionalización
Por otro lado, las empresas medianas tienen una idiosincrasia propia que las impide avanzar en materia de sostenibilidad al mismo ritmo que el de las compañías más grandes. Según un estudio de Pacto Mundial, el porcentaje de grandes empresas que trabajan ámbitos relacionados con los ODS ya alcanza casi la totalidad (99%) y dos de cada tres (67%) disponen una estrategia de sostenibilidad, mientras que esta tasa se reduce hasta el 28% en el caso de compañías de menor tamaño.
La obligatoriedad en el cumplimiento de las normativas en materia de sostenibilidad es uno de los motivos de este desarrollo dispar. Según el informe elaborado por Grant Thornton, dos de cada tres líderes del middle market español (65%) consideran que el cumplimiento de los criterios ESG supone un obstáculo para el desarrollo de sus negocios, hasta el punto de lastrar su expansión internacional, por culpa precisamente de las exigencias normativas.
Como explicó Jaime Romano, socio director de Consultoría e Innovación de Grant Thornton, “las empresas españolas son perfectamente conscientes de las numerosas ventajas que conlleva para sus negocios el complimiento de las normativas relacionadas con la sostenibilidad, pero existe un gran número de circunstancias a su alrededor que las pueden llevar a no implantarlas en el corto plazo”.
En concreto, el 44% de los empresarios españoles señala que contar con los recursos necesarios en términos de personal y tiempo es su principal preocupación a la hora de cumplir con las normativas relacionadas con la sostenibilidad, junto a la velocidad con la que las distintas instituciones las actualizan (43%).
Marco normativo complejo
Las empresas españolas se enfrentan a un denso marco normativo en materia de sostenibilidad que se ha visto incrementado notablemente en los últimos años. Uno de los elementos más importantes es la Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad, CSRD, que obliga a las compañías a aumentar la transparencia y la responsabilidad con sus grupos de interés, ampliando los informes de sostenibilidad.
Las compañías también han de cumplir con el Reglamento de Taxonomía (UE) 2020/852, que exige reportar actividades medioambientales elegibles y alineadas. Además, los estándares IFRS S1 y S2 proporcionan directrices sobre riesgos y oportunidades climáticas y medioambientales, especialmente cuando no aplican otras normativas. Por último, la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad, aprobada en abril de 2024, impone obligaciones para garantizar el respeto a los derechos humanos y el medioambiente, con sanciones de hasta el 5% del volumen de negocio en caso de incumplimiento.
“Un gran número de empresas españolas no son conscientes del ‘tsunami normativo’ que deberán afrontar a muy corto plazo. La adaptación a las nuevas normativas europeas en materia de sostenibilidad es un proceso lento y complejo que debe planificarse con tiempo y recursos”, señaló Sergi Puig-Serra.