De manera casi continua, nuevas leyes y directivas en materia de sostenibilidad siguen llamando a las puertas de las empresas. Una creciente presión regulatoria que procede en la mayoría de los casos desde las instituciones de la Unión Europea. En todo tipo de organizaciones esta presión es conocida como el ‘tsunami regulatorio’ por la cantidad de normas en esta materia que se han venido aprobando en un periodo de tiempo relativamente corto.
Por este motivo, el Pacto Mundial de la ONU ha desarrollado una herramienta que ayuda a las empresas y organizaciones a orientarse para poder realizar las adaptaciones y cambios necesarios con el fin de cumplir con una legislación tan amplia. Se trata de un buscador donde pueden encontrarse todas las leyes y directivas en materia de sostenibilidad empresarial.
Leyes y directivas en sostenibilidad aprobadas
Actualmente están aprobadas y en vigor un total de seis leyes y directivas en materia ASG que deben cumplir todas las empresas y que cubren ámbitos como el medioambiental, los derechos humanos y laborales, el reporting o la transparencia y buen gobierno.
En primer lugar, encontramos la Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 por lo que respecta a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas (CSDR, por su siglas en inglés). Es una de las grandes esperadas en la Unión Europea y revoluciona los cánones actuales del reporting, elevando de la información en sostenibilidad para equipararla a la financiera.
Además, esta nueva directiva establece que las empresas deberán presentar su información en base a unos estándares comunes. Son los llamados ESRS, que comprende 12 estándares en materia ambiental, social y de gobernanza. El grupo de desarrollo de estos estándares (EFRAG) no descarta una aprobación específica para pymes.
La norma española que trasponía la anterior directiva en esta materia, la Ley 11/2018, de 28 de diciembre en materia de información no financiera y diversidad aún está pendiente de actualización, aunque ya se cuenta con el anteproyecto de ley propio.
Ley de cambio climático y transición energética
La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética obliga a los organismos a publicar informes sobre riesgos de su actividad, marcar objetivos específicos e inversiones de descarbonización y, de forma optativa, calcular sus emisiones y compensarlas.
Esta norma está muy pendiente de otras dos aún en proceso de desarrollo. Por un lado, la Ley de movilidad sostenible que buscará crear planes de movilidad al trabajo sostenibles, justos e inclusivos. Por otro lado, el anteproyecto por el que se crea el registro de la huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, que obligará al cálculo y elaboración de un plan de reducción a determinadas empresas.
Ley de protección de informadores y lucha contra la corrupción
La Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción quiere fomentar el buen gobierno. Por ello, obliga a las empresas de más de 50 personas trabajadoras a disponer de un sistema interno de información, un libro-registro de informaciones con denuncias e investigaciones que podrá ser consultado por la autoridad competente.
Además, las personas que denuncien serán protegidas preservándose su identidad y garantizándose la confidencialidad. Sobre las sanciones, se establecen se tienen en cuenta multas de entre 1.000 y un millón de euros, dependiendo del tipo de infracción.
Directiva de equilibrio de género
La Directiva (UE) 2022/2381 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de noviembre de 2022 relativa a un mejor equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas y a medidas conexas quiere lograr una representación más equilibrada de mujeres y hombres entre los administradores de las sociedades. Y es que, según el Global Gender Gap 2022, sólo una de cada tres personas de las juntas empresariales son mujeres.
Esta directiva persigue que los puestos de administrador o administradora sean ocupados por el sexo menos representado en un 33% o 40%, y que se fijen objetivos para mejorar el equilibro. En España, se publicará próximamente el Anteproyecto de Ley Orgánica de Representación Paritaria de Mujeres y Hombres en los Órganos de Decisión.
Normas en desarrollo
En cuanto a leyes todavía en desarrollo, encontramos la directiva sobre nuevas normas para fundamentar las alegaciones ecológicas o, en inglés, Green Claims Directive busca establecer criterios contra el blanqueo ecológico o greenwashing, así como declaraciones engañosas con el fin de aplicar un mayor control y transparencia a algunos fabricantes para promocionar productos.
Por último, la propuesta de directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad quiere fomentar un comportamiento con impacto social positivo, sostenible y responsable de las empresas. Esta directiva obligará a las grandes empresas a identificar, prevenir y diseñar medidas contra los efectos negativos en el medioambiente y los derechos humanos. Otras organizaciones, como las pymes colaboradoras o que formen parte de su cadena de suministro, se verán influidas de modo indirecto.
Con esta directiva, las víctimas pueden emprender acciones legales por daños y perjuicios que se podrían haber evitado con una adecuada diligencia debida. Además, incluye que las personas que ocupen cargos de dirección deberán tener en cuenta en sus decisiones el impacto en derechos humanos, cambio climático y medioambiente.
Tras su presentación, cada estado tiene un plazo de dos años para su transposición. En el caso de España, de hecho, ya contamos con el Anteproyecto de Ley de protección de los derechos humanos, de la sostenibilidad y diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales.