La reciente aprobación de la directiva europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad por parte del Parlamento Europeo deja la nueva normativa a un paso de su implantación definitiva. A pesar de este avance a nivel comunitario, la normativa nacional española sigue sin progresar desde 2022, cuando se abrió la ronda de consulta pública.
Según Giulia Borsa, senior ESG Solution Advisor en la plataforma evaluadora EcoVadis,.“Europa busca liderar la transición hacia la sostenibilidad empresarial e impulsar la RSC en las organizaciones de todos los Estados miembros mediante la diligencia debida obligatoria, que algunos países como Francia o Alemania ya exigen a cualquier organización que opere en su territorio”..
“Sin embargo, en España, la iniciativa legislativa de protección de los derechos humanos, la sostenibilidad y la debida diligencia en las actividades empresariales transnacionales, está pausada desde 2022. Ante esta situación, es el momento de que las empresas tomen la iniciativa y muestren su compromiso con el medio ambiente y la sociedad”, añade Borsa.
Las empresas españolas aumentan su compromiso ESG
Los datos del último Índice de riesgo y rendimiento de la sostenibilidad empresarial, publicado por EcoVadis, muestran un avance de la sostenibilidad en España, que alcanza una puntuación de 54,6 en la escala de 100 de la plataforma. El foco de las empresas está en el desarrollo de políticas que mejoren las condiciones de trabajo y garanticen los derechos humanos, así como en medidas que se centran en el impacto medioambiental de las compañías.
En contraposición, el índice confirma que el aspecto ético de la sostenibilidad ha registrado "un avance mínimo". Según indica, la gran asignatura pendiente sigue siendo las compras sostenibles, un valor clave para cumplir las leyes de diligencia debida en la cadena de suministro. Y, pese a la mejora de la puntuación en este ámbito (43 puntos), el Índice EcoVadis muestra como España no avanza al mismo ritmo que otros países de su entorno y todavía se sitúa lejos de los resultados a nivel europeo (44.9 puntos).
“A pesar de los buenos resultados que presentan las empresas españolas a nivel general, todavía existe una gran diferencia entre sectores", sostiene Borsa. En su opinión, las empresas dedicadas a la manufactura de distintos productos lideran el avance en ESG, mientras otros sectores se estancan o incluso retroceden en su compromiso con la sostenibilidad, como es el caso de la construcción o de la industria alimentaria”. “Estos datos muestran un avance desigual de la sostenibilidad en el tejido empresarial de España y confirman la necesidad de implementar una normativa que garantice el compromiso y la responsabilidad de las organizaciones”, sentencia.
Retraso de la normativa española
El anteproyecto de ley española en diligencia debida se ha desarrollado con el texto europeo como referencia, pero busca corregir ciertas carencias. Así, se incorpora la perspectiva de género; rebaja el número de trabajadores de las empresas que deben cumplir con la legislación, y reconoce los derechos de información y asesoramiento para los sindicatos. De esta manera, los representantes electos de los trabajadores pueden trabajar más allá de los límites de la empresa para fortalecer los estándares sociales, los derechos humanos y las obligaciones ambientales.
“El retraso que están sufriendo las normativas en sostenibilidad en España a causa del contexto político no puede verse como una excusa, sino como una oportunidad”, expone Borsa, al tiempo que señala que "las empresas deben poner en marcha sus programas en sostenibilidad y diligencia debida lo antes posible, estableciendo objetivos ambiciosos y trabajando junto con sus socios de la cadena de suministro para conseguir un impacto real”.
Implicaciones de la Diligencia debida en Europa
La normativa europea crea un marco legal común dentro del cual cada país deberá desarrollar su propia legislación en materia de sostenibilidad empresarial. El objetivo es garantizar que las empresas que operan en la UE, independientemente de su origen, cumplan su deber de respetar y no causar efectos adversos en los derechos humanos, el medio ambiente y el buen gobierno.
Además, todas deberán crear planes de transición encaminados a combatir el cambio climático y reportar acerca de sus actividades y políticas a nivel interno y a lo largo de sus cadenas de suministro. El incumplimiento de la normativa conllevará la imposición de sanciones, que pueden incluir la retirada de productos del mercado o multas de hasta el 5% de los ingresos.
En este sentido, Borsa apunta que "la UE quiere acabar con la voluntariedad, que no ha logrado avances significativos para prevenir el menoscabo de los derechos humanos y el medio ambiente". "La obligatoriedad de evaluar y reportar acerca de las actividades en sostenibilidad quiere garantizar su cumplimiento más allá de las fronteras europeas”, agrega.
La nueva normativa entra ahora en la fase de negociación final, en la que se acodará un texto legal definitivo que garantice un comportamiento empresarial responsable con los derechos humanos y medioambientales en todas las operaciones, incluyendo las cadenas de valor. Su aprobación definitiva está prevista para finales de 2023 durante la presidencia española del Consejo de la UE.