Más de 100 organizaciones de la sociedad civil y sindicatos, con una base social de más de 4 millones de personas representadas por la Plataforma por Empresas Responsables (PER), han exigido al Gobierno que cumpla su compromiso de aprobar la ley de Protección de los Derechos Humanos, de la Sostenibilidad y de la Diligencia Debida en las Actividades Empresariales Transnacionales, antes de que finalice la presente legislatura.
Pese a existir un anteproyecto de ley redactado en mayo de este año, todavía no se ha avanzado en los trámites y desde la PER se teme que esta situación ponga en riesgo la aprobación de la ley. Por este motivo, las organizaciones se concentraron este viernes ante el Palacio de la Moncloa para entregar leer un manifiesto y registrar una carta abierta dirigida al Gobierno y a los ministerios proponente y coproponentes de la ley, exigiendo que se inicien los trámites para su aprobación.
En el acto participaron Rebeca Collado, vocal de la junta directiva de REDES/Enlázate por la Justicia; José Díaz de Argote, RSC de Entreculturas; Martin Iriberri, director de Alboan, Ricardo Loy, secretario general de Manos Unidas/Enlázate por la Justicia; Alberto Abad, presidente de CECJ; Gerardo Ríos, coordinador de empresas y derechos humanos en Amnistía Internacional; Cristina Muñoz, directora de Alianza por la Solidaridad-ActionAid; Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace; Sara García, secretaria de acción sindical y empleo de USO; Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC; y Franc Cortada, director de Oxfam Intermón.
Contenido del manifiesto
El manifiesto presentado insiste en que “es urgente pasar de las palabras a los hechos". Según indica, la oportunidad está sobre la mesa, ahora hay que trabajar para que siga adelante y avanzar en la dirección correcta es cuestión de voluntad". "Los derechos humanos de miles de personas están en juego y la protección del medioambiente también. La oportunidad para cambiar el rumbo está en manos del Gobierno. La oportunidad de cambio es real y es ahora”, incide.
Asimismo, el documento también destaca que España podría sumarse a países como Francia y Alemania, que ya cuentan con legislaciones estatales al respecto, y convertirse así "en un referente de liderazgo y promoción de los derechos humanos y el medio ambiente, haciendo de ello una insignia de las empresas españolas en el exterior y un sello distintivo de la Presidencia Española de la Unión Europea en 2023”, incidiendo en el proceso de negociación del borrador de Directiva de Debida Diligencia de las Empresas en materia de Sostenibilidad, presentado por la Comisión Europea en febrero de este año.
La PER considera que es "urgente" que España apruebe esta ley para exigir que las empresas cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos humanos y medio ambiente en cualquier lugar del mundo. Asimismo, considera que la ley también es "crucial" para garantizar la reparación a las víctimas de sus abusos o negligencias. "Cientos de miles de personas están sufriendo las consecuencias de actuaciones empresariales que violan derechos humanos y que suponen graves problemas medioambientales en todo el mundo", expone.